Cronología de las 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores otorgadas bajo el ministro Fernando Rabat, con las versiones oficiales contrastadas con decretos, declaraciones judiciales y votaciones documentadas por la prensa.
Mientras el Presidente pasó de guardar silencio a reconocer un error, el vocero de Gobierno fue cambiando su explicación sin abandonar nunca la defensa legal del ministro.
"Procedimiento impecable".
Así califica la firma de los decretos el día en que se conocen las 56 rebajas. Nuevo Poder
"Se pudieron haber hecho cosas distintas".
Insiste en que no hubo facultad discrecional y exhibe decretos del gobierno anterior, sin aclarar si estos se dictaron por orden judicial tras un rechazo. Pauta
"Hay un procedimiento que está mal hecho".
Pero descarta que sea un error. Redacción
"Frente a nuestro propio error".
Kast reconoce el error del Gobierno, dice que el Estado les falló a las víctimas y asume la responsabilidad. BioBioChile
"No hay ninguna discrepancia".
Horas después del Presidente, sostiene que el ministro "había cumplido la ley, había cumplido con la Constitución" y que no hay "ningún reproche" que hacerle. BioBioChile
"Errores humanos y políticos graves".
Admite que habría elegido otra palabra que "impecable", pero repite que Rabat cumplió la ley. Informa que hay 57 beneficiados y que "están todos libres", algo que el ministro dos días antes dijo no poder asegurar. Cooperativa
"Ha sido un gran ministro; él no ha cometido ningún hecho ni ilegal ni inconstitucional".
Lo dice el mismo día en que la Cámara pide la salida de Rabat y sus dos subsecretarios. Infobae
Según el periodista Daniel Matamala en su programa Lo que importa (28 oct), la Segunda Sala de la Suprema ya rechazaba la mayoría de los amparos y en 2026 la balanza se inclinó del todo: en enero salió una ministra que los acogía, el 24 de febrero otra cambió su voto y en junio se integró un ministro partidario de rechazar. Desde el 10 de junio, todos los amparos fueron rechazados. El exministro de Justicia Jaime Gajardo, entrevistado en el mismo programa, lo describe como el resultado de cuatro años de litigio del ministerio.
La Suprema tiene una doctrina que obliga a conceder; con o sin decretos, estos condenados igual habrían quedado libres.
El ministerio cambió de criterio el 16 de junio, seis días después de que la Suprema empezara a rechazar todos los amparos.
El exministro Jaime Gajardo relata en Lo que importa que en la única reunión de traspaso, antes de que el presidente electo suspendiera las siguientes, el equipo saliente entregó la orientación del ministerio: los dos gobiernos anteriores negaban estas rebajas. Agrega que la subsecretaría saliente entregó carpetas con los antecedentes al subsecretario Silva. El criterio venía de Piñera, y Gajardo lo remonta incluso al primer gobierno de Bachelet. Según Reportajes T13, la reunión entre ambos ministros fue el 2 de febrero, con documentos sobre la mesa: el criterio era rechazar en delitos sexuales contra niños y cumplir solo cuando un tribunal acogiera un amparo. Rabat se mostró receptivo y no planteó reparos.
Abogado independiente y profesor de derecho civil, asume en el gobierno de José Antonio Kast sucediendo a Jaime Gajardo.
Entre marzo y mayo el ministerio negó al menos cinco rebajas por delitos anteriores a 2022. Dos de esos rechazos llevan la firma de Rabat.
La ley no deja opción: el ministerio está obligado a conceder la rebaja.
Durante tres meses el mismo ministerio usó su margen para negar las rebajas, incluso apoyándose en fallos de la Corte Suprema.
En una reunión interna con su equipo y asesores técnicos, le plantean a Rabat que debe ser la Corte, y no el ministerio, la que decida qué amparos acoger, y que pondere el costo de conceder beneficios a agresores sexuales frente al de seguir litigando. Según las fuentes de T13, el ministro puso "lo jurídico sobre lo político".
Rabat convoca en su oficina a su jefa de gabinete, a la jefa de la División de Reinserción Social y a un tercer asesor. Según La Segunda, los asesores le advierten las dificultades de abandonar el criterio del gobierno anterior, que rechazaba las solicitudes y esperaba los fallos. Rabat opta por una salida distinta: conceder los beneficios sin esperar nuevos pronunciamientos judiciales, con el argumento de que había más de 300 resoluciones adversas, incluidas las 276 del periodo anterior. T13 agrega que en mayo otro funcionario le recomendó no entrar en el tema, y que el ministro volvió a negarse invocando la Constitución, por temor a una acusación constitucional.
El ministerio no tenía alternativa: la ley y la Corte Suprema lo obligaban. El vocero: no fue una facultad discrecional.
Su propio equipo le advirtió al menos tres veces entre febrero y mayo. El cambio fue una decisión del ministro, tomada contra esas advertencias. Según T13, Rabat no informó de ellas al Presidente.
Por 3 votos contra 2, la Segunda Sala respalda un decreto de Justicia del 14 de mayo que negó la rebaja a un condenado por violar a una menor de 14 años. Revoca el amparo que había acogido la Corte de Valparaíso y razona que la rebaja es un beneficio, no un derecho adquirido, y que la ley de 2022 tiene carácter administrativo, por lo que no rige la irretroactividad penal. El ministerio había defendido ese rechazo citando 19 fallos de la propia Suprema.
El ministerio se limitó a "recoger la doctrina de la Corte Suprema", que impedía aplicar la ley de 2022 a delitos anteriores.
El 15 de junio la Suprema dijo lo contrario: respaldó al ministerio por haber negado la rebaja. Al día siguiente, el 16 de junio, Justicia concedió otra rebaja bajo el nuevo criterio. CNN Chile advierte que no está establecido si ambos casos eran jurídicamente idénticos ni si el ministro conocía el fallo.
Un día después del fallo de la Suprema, el ministerio empieza a otorgar las rebajas invocando una supuesta doctrina de la Corte Suprema sobre la irretroactividad de la reforma de 2022. Según Interferencia, la cartera también eligió qué fallos citar: en marzo había aplicado el criterio contrario. Según el exministro Gajardo, los decretos conocidos invocan además razones de eficiencia: litigar cada caso era costoso para el ministerio.
De los decretos identificados, 22 los firmó Rabat, diez el subsecretario Luis Silva y uno el subsecretario Pablo Mira. Según El Mostrador, 14 jueces habían rechazado antes la libertad condicional de estos condenados por dudas sobre su reinserción.
Justicia no puede rechazar una rebaja por la gravedad del delito. Así lo dice, por ejemplo, el decreto del 15 de mayo que rebajó 9 meses a un narcotraficante extranjero condenado por importar unos 103 kilos de cocaína.
El subsecretario reconoce expresamente esa facultad en otro decreto de la misma cartera, el que rebajó la pena de un condenado por homicidio miembro de un grupo neonazi.
Tres venezolanos condenados en La Serena reciben rebajas de 3 a 9 meses. A uno la Comisión de Libertad Condicional le había negado la salida en octubre de 2025. Fueron condenados en 2022 a cinco años y un día por robo con intimidación y porte de armas, no por pertenecer al Tren de Aragua. Los decretos se firman después de restablecidas las relaciones con Venezuela (30 jul), sin intento de expulsión.
En Lo que importa, el exministro Gajardo cita el rol 3328-2026 de la Corte Suprema. Allí la Corte razona que no es un derecho sino un beneficio, y que es obligación del ministerio excluir a condenados por delitos contra menores de 14 años. El caso validó el rechazo de un seremi del propio gobierno, incluso habiendo un amparo previo.
Concede las rebajas porque, según él, la ley y la Suprema no le dejan alternativa.
Rechazaba estas rebajas en paralelo, y la Suprema le dio la razón. Según Gajardo, este fallo no aparece en los reportes del ministro al Congreso.
Rabat responde que el ministerio solo recogió el criterio de la Corte Suprema y habla de "cumplimiento de sentencia". El Congreso prepara una sesión especial.
Se trata del cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema.
Las 56 fueron otorgadas por vía administrativa. El propio ministro reconoció que ninguno de esos condenados había recurrido a tribunales: no hubo un fallo individual que ordenara cada rebaja.
Gloria Ana Chevesich, junto al ministro, dice que fue él quien dictó los decretos conforme a sus facultades, y que la Corte analiza caso a caso. El mismo día Rabat señala que bajo el gobierno anterior hubo 276 casos, y la UDI pide revertir los beneficios. A Mega le dice: "esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia", y que el Presidente no estaba al tanto.
Existe una doctrina asentada de la Corte Suprema que obliga a conceder.
Chevesich no reconoció una doctrina y explicó que, si nadie recurre de amparo contra lo que decide la comisión, los tribunales no pueden pronunciarse. El ministerio podía mantener los rechazos.
Rabat confirma que el Gobierno redujo las penas de dos exmilitares recluidos en Punta Peuco, condenados por secuestro y torturas en dictadura, y sostiene que así lo establece la ley. Después se conoce un tercer caso: un exagente de la CNI condenado por secuestros y por el homicidio de la Operación Albania recibió 19 meses de rebaja, en un decreto del 20 de mayo firmado por el subsecretario Mira como ministro subrogante.
Rabat y luego el diputado republicano Benjamín Moreno citan 276 casos del gobierno anterior para argumentar que todos los gobiernos concedieron estos beneficios. El 23 de octubre el vocero exhibe decretos de la administración anterior sin aclarar si se dictaron por orden judicial.
Bajo el gobierno de Boric se otorgaron 276 beneficios similares, así que no hay diferencia de fondo.
Según el propio Moreno, son casos en que la Suprema ordenó conceder tras un rechazo del ministerio. Es decir, el gobierno anterior negaba y dejaba que decidieran los tribunales, lo que el actual dejó de hacer desde junio.
Ante la amenaza de acusación constitucional, un comunicado del ministro deja suspendidos los decretos pendientes mientras avanzan proyectos de ley con discusión inmediata. Las 56 rebajas ya concedidas siguen vigentes y el texto no precisa el fundamento jurídico de la suspensión. El mismo día, el exministro Jaime Gajardo afirma que es el ministro quien decide conceder o no, y que los fallos de la Suprema son caso a caso y no obligan al Gobierno.
El ministerio no tenía margen: negar la rebaja habría sido infringir la Constitución.
Bastó un comunicado para detener la tramitación. Si podía hacerlo en octubre, queda abierta la pregunta de por qué en junio dijo que no podía.
En Estado Nacional, Rabat confirma que los 56 decretos están ejecutados, pero no puede asegurar si todos los beneficiados están libres: no revisó cada caso. Según la exvocera de Gobierno Karla Rubilar, en esos días también dijo a periodistas que lo habría vuelto a hacer. El 27 de octubre fue el vocero quien confirmó que todos están en libertad.
La investigación detalla perfiles con riesgo de reincidencia y constata que las víctimas no fueron notificadas. Ese lunes, en La Moneda, Kast habla de "nuestro propio error", dice que el Estado les falló a las víctimas y asume la responsabilidad. Descarta sacar al ministro y su equipo porque, a su juicio, eso solo calmaría la situación por unos días, y anuncia una revisión caso a caso de los decretos ya dictados y un proyecto para cerrar el beneficio de forma permanente. El mismo día, los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentan una denuncia ante la Fiscalía Nacional contra Rabat por posible prevaricación administrativa.
"Frente a nuestro propio error". Asume la responsabilidad del Gobierno.
Gonzalo Arenas: "No hay ninguna discrepancia". El ministro "había cumplido la ley, había cumplido con la Constitución". Ver las seis versiones del vocero.
Interferencia revela rebajas a tres extorsionadores venezolanos (fs. 05). Cadem: 77% desaprueba a Rabat y 12% lo aprueba; 64% rechaza que Kast lo mantenga; 79% cree que no estaba obligado a firmar y 94% está en desacuerdo con las rebajas. La aprobación de Kast cae a 29%. Organizaciones feministas protestan frente al ministerio pidiendo la renuncia de Rabat y Silva. Según La Segunda, ese martes la jefa de la División de Reinserción Social habría presentado su renuncia después de que su nombre apareciera en la prensa; el ministerio lo descartó.
BíoBío revisa más de mil decretos de los primeros siete meses y encuentra rebajas a cuatro condenados por homicidio (uno de ellos de un grupo neonazi), a un condenado por femicidio frustrado con antecedentes de violencia intrafamiliar y a un narcotraficante extranjero. El 29 de octubre publica que la mayor rebaja conocida entre los 56, de 36 meses, la recibió un condenado por violar reiteradamente a una niña de su núcleo familiar.
Rabat pregunta en la sala cómo podría dejar de cumplir una sentencia de la Suprema sin faltar a su juramento. La Cámara aprueba por 68–42–7 pedir la renuncia del ministro y de los subsecretarios Silva y Mira, con abstenciones oficialistas, entre ellas las de RN (Ximena Ossandón, Juan Carlos Beltrán), la UDI (Flor Weisse y su presidente Guillermo Ramírez) y el PDG (Juan Marcelo Valenzuela). El detalle de cómo votó cada diputado está en el detalle oficial de la votación. La oposición anuncia una acusación constitucional. En el oficialismo, el senador Rojo Edwards (comité RN) y la jefa de bancada de RN, senadora María José Gatica, piden su salida.
No son 56 los casos sin decisión judicial, sino unos 30 o 40: en el resto ya había un amparo acogido que lo obligaba.
BíoBío revisó los 33 casos identificados: solo uno tenía una orden judicial expresa de conceder la rebaja, y ese decreto ni siquiera la invoca. En otros 15, los tribunales solo ordenaron corregir aspectos formales a la comisión. Además, el decreto del gobierno anterior que Rabat citó en la sala era de una víctima adulta, no de una menor. Los exministros Jaime Gajardo y Karla Rubilar coinciden en que el ministro conservaba la facultad de rechazar.
Rabat sigue en el cargo con el respaldo de Kast. La resolución de la Cámara no es vinculante. La acusación constitucional anunciada requiere 78 votos en la Cámara y 26 en el Senado, y sigue abierta la denuncia penal ante la Fiscalía. El Gobierno dice ahora que buscará revertir los decretos ya firmados. El 29 de octubre, La Segunda y Reportajes T13 revelan que el ministro fue advertido al menos tres veces por su equipo antes de cambiar el criterio.
Los decretos se dictaron conforme a la ley, y ahora se buscará dejarlos sin efecto.
Revocar o invalidar un decreto con derechos ya adquiridos exige argumentar que fue ilegal. El ministro tendría que sostener en tribunales lo contrario de lo que ha defendido estos días.
Fichas sin nombres. Estos son los 33 casos que BíoBío logró identificar entre los 56. Se muestran solo el tipo de delito, el rango de edad de la víctima, la rebaja, quién firmó y lo que consta de Gendarmería. Se omiten nombres, lugares y cualquier dato que pueda identificar a las víctimas, que son menores de edad.
Rebajas a condenados por otros delitos, conocidas por la prensa. No forman parte de las 56 por delitos sexuales contra menores. Se muestran con el mismo criterio: sin nombres ni lugares.
Cada hecho se basa en reportes de prensa publicados entre el 21 y el 29 de octubre de 2026, revisados en dos rondas de búsqueda, y en el programa Lo que importa, de Daniel Matamala, del 28 de octubre, con entrevistas al exministro de Justicia Jaime Gajardo y a la exvocera de Gobierno Karla Rubilar. Lo que proviene de ese programa aparece en rojo en las fuentes, con enlace al minuto exacto, y se atribuye a quien lo dijo; son afirmaciones de los entrevistados, no hechos verificados de forma independiente. Las "versiones oficiales" resumen declaraciones del ministro, el subsecretario o el vocero de Gobierno; "lo que consta" resume decretos, declaraciones judiciales o votaciones reportadas. Los hechos se verificaron en una segunda revisión el 29 de octubre: se corrigieron la fecha de la revelación (21 de octubre), las citas del Presidente y las cifras de Cadem, que ahora vienen de la encuesta publicada y no del programa. El argumento de fondo del Gobierno, la irretroactividad de la reforma penal de 2022, es un debate jurídico abierto que esta cronología no zanja.